La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) -- llamada la "Convención de Ramsar" -- es un tratado intergubernamental en el que se consagran los compromisos contraídos por sus países miembros para mantener las características ecológicas de sus Humedales de Importancia Internacional y planificar el "uso racional", o uso sostenible, de todos los humedales situados en sus territorios. A diferencia de las demás convenciones mundiales sobre el medio ambiente, Ramsar no está afiliada al sistema de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA) de las Naciones Unidas, pero colabora muy estrechamente con los demás AMMA y es un asociado de pleno derecho entre los tratados y acuerdos del "grupo relacionado con la biodiversidad".
Levante-emv, hoy.JULIA RUIZ VALENCIA El Consell aprobó ayer un decreto-ley que de forma expresa autoriza las obras de reforma del barrio del Cabanyal e invalida la orden del Ministerio de Cultura que paraliza el plan al considerar que se trata de un "acto de expolio del patrimonio histórico". La medida se adoptó ayer en una reunión urgente del pleno del Gobierno valenciano para dar "una respuesta contundente" a lo que se considera una "agresión política" del Gobierno central y que el vicepresidente tercero, Juan Cotino, llegó a comparar con la abolición de los Furs.
El veto del ministerio a uno de los proyectos más conflictivos de la ciudad -son ya veinte años de polémica urbanística y diez de litigio- ha supuesto un jarro de agua fría para el PP, que rápidamente lo ha elevado a la categoría de agravio a la Comunitat al mismo nivel que otras supuestas afrentas como el agua, la financiación o los chiringuitos de la playa.
El Consell desplegó ayer toda su artellería pesada, tanto política como judicial, para contrarrestar la decisión ministerial. En el plano jurídico, como ya había adelantado el pasado día 5 la portavoz, Paula Sánchez de León, se acordó recurrir la orden ante la Audiencia Nacional, plantear ante el Tribunal Supremo un incidente de ejecución de sentencia y un conflicto de competencias ante el Constitucional. Al margen de esta ofensiva judicial, el Ejecutivo adoptó un acuerdo excepcional que, según entiende, permite al ayuntamiento eludir la orden para que las excavadoras puedan seguir con su plan de derribos para la prolongación de Blasco Ibáñez.
Aunque De León había avanzado que si fallaban los recursos el Consell estaba dispuesto a modificar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del Cabanyal -el ministerio sólo tiene competencias para determinar si hay expolio en zonas BIC- el acuerdo de ayer explora un camino distinto y, sobre todo, más corto. El Consell deroga el decreto 57/1993 por el que se declara BIC el barrio con el objetivo de darle rango de ley sin pasar por las Corts. Para ello, el Ejecutivo acude al nuevo Estatuto de Autonomía que le otorga la capacidad de aprobar decretos-ley, una medida prevista para casos excepcionales. El nuevo decreto-ley se ha elaborado "ad hoc" para burlar la decisión de Madrid. Así, "declara expresamente que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Cabanyal no perjudica, daña o
deteriora la protección del conjunto histórico de la ciudad contenida en la declaración de BIC. Por ello, "autoriza expresamente las actuaciones e intervenciones sobre la estructura urbana y arquitectónica" previstas en 2001. "Del mismo modo -añade el texto- los órganos y personal competente quedan autorizados a realizar los actos de ejecución del Plan, sin que puedan verse menoscabados por actos o acuerdos de otras administraciones". Es decir, se invalida la orden ministerial de paralización.
El veto del ministerio a uno de los proyectos más conflictivos de la ciudad -son ya veinte años de polémica urbanística y diez de litigio- ha supuesto un jarro de agua fría para el PP, que rápidamente lo ha elevado a la categoría de agravio a la Comunitat al mismo nivel que otras supuestas afrentas como el agua, la financiación o los chiringuitos de la playa.
El Consell desplegó ayer toda su artellería pesada, tanto política como judicial, para contrarrestar la decisión ministerial. En el plano jurídico, como ya había adelantado el pasado día 5 la portavoz, Paula Sánchez de León, se acordó recurrir la orden ante la Audiencia Nacional, plantear ante el Tribunal Supremo un incidente de ejecución de sentencia y un conflicto de competencias ante el Constitucional. Al margen de esta ofensiva judicial, el Ejecutivo adoptó un acuerdo excepcional que, según entiende, permite al ayuntamiento eludir la orden para que las excavadoras puedan seguir con su plan de derribos para la prolongación de Blasco Ibáñez.
Aunque De León había avanzado que si fallaban los recursos el Consell estaba dispuesto a modificar la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del Cabanyal -el ministerio sólo tiene competencias para determinar si hay expolio en zonas BIC- el acuerdo de ayer explora un camino distinto y, sobre todo, más corto. El Consell deroga el decreto 57/1993 por el que se declara BIC el barrio con el objetivo de darle rango de ley sin pasar por las Corts. Para ello, el Ejecutivo acude al nuevo Estatuto de Autonomía que le otorga la capacidad de aprobar decretos-ley, una medida prevista para casos excepcionales. El nuevo decreto-ley se ha elaborado "ad hoc" para burlar la decisión de Madrid. Así, "declara expresamente que el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Cabanyal no perjudica, daña o
deteriora la protección del conjunto histórico de la ciudad contenida en la declaración de BIC. Por ello, "autoriza expresamente las actuaciones e intervenciones sobre la estructura urbana y arquitectónica" previstas en 2001. "Del mismo modo -añade el texto- los órganos y personal competente quedan autorizados a realizar los actos de ejecución del Plan, sin que puedan verse menoscabados por actos o acuerdos de otras administraciones". Es decir, se invalida la orden ministerial de paralización.PER COLLONS, SEMPRE ACTUANT PER COLLONS.
SALUDOS.......GIL
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