La Convención sobre los Humedales (Ramsar, Irán, 1971) -- llamada la "Convención de Ramsar" -- es un tratado intergubernamental en el que se consagran los compromisos contraídos por sus países miembros para mantener las características ecológicas de sus Humedales de Importancia Internacional y planificar el "uso racional", o uso sostenible, de todos los humedales situados en sus territorios. A diferencia de las demás convenciones mundiales sobre el medio ambiente, Ramsar no está afiliada al sistema de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente (AMMA) de las Naciones Unidas, pero colabora muy estrechamente con los demás AMMA y es un asociado de pleno derecho entre los tratados y acuerdos del "grupo relacionado con la biodiversidad".
SI FEM LES COSSES PER "COLLONS".....
ES POSIBLE QUE ACABEN MALEl Ayuntamiento de Catarroja se ha gastado 25.000 euros en abogados e informes jurídicos para que el PAI Nou Mil·lenni salga adelante. Así lo denunció ayer el grupo socialista, que cree que las arcas municipales «no están para defender un proyecto de iniciativa privada y sobre la que hay una sospecha de legalidad, después de dos suspensiones cautelares».
Entre las cantidades gastadas, destacan los 17.970 euros para contratar un abogado y 6.970 invertidos en un informe jurídico sobre el recurso del PSPV en les Corts.
Según el portavoz socialista, Wilson Ferrús, los grupos que gobiernan, PP y UV, «son los únicos defensores de este plan urbanístico privado y que solamente reporta beneficios a la empresa que la promueve».
Ferrús ha reclamado que sea esta firma, conformada por Llanera y el IVVSA, quien defienda su proyecto. «Al menos que lo paguen de sus bolsillos y no de los catarrojenses», pidió el portavoz socialista, que también reclamó ayer al alcalde de la localidad que explique «públicamente la razón por la cual está defendiendo este proyecto a pesar de las graves advertencias de los jueces».
El PSPV solicita asimismo a la Comisión Territorial de Urbanismo la anulación del PAI «dada la falta de recursos hídricos, las presuntas ilegalidades y los probables incumplimientos de derechos constitucionales señalados por el TSJ». Desde el PSPV creen que deberían atender al dictamen de la Comisión Europea que señala que se incumplen «los preceptos europeos que piden la anulación de las empresas mixtas».
Entre las cantidades gastadas, destacan los 17.970 euros para contratar un abogado y 6.970 invertidos en un informe jurídico sobre el recurso del PSPV en les Corts.
Según el portavoz socialista, Wilson Ferrús, los grupos que gobiernan, PP y UV, «son los únicos defensores de este plan urbanístico privado y que solamente reporta beneficios a la empresa que la promueve».
Ferrús ha reclamado que sea esta firma, conformada por Llanera y el IVVSA, quien defienda su proyecto. «Al menos que lo paguen de sus bolsillos y no de los catarrojenses», pidió el portavoz socialista, que también reclamó ayer al alcalde de la localidad que explique «públicamente la razón por la cual está defendiendo este proyecto a pesar de las graves advertencias de los jueces».
El PSPV solicita asimismo a la Comisión Territorial de Urbanismo la anulación del PAI «dada la falta de recursos hídricos, las presuntas ilegalidades y los probables incumplimientos de derechos constitucionales señalados por el TSJ». Desde el PSPV creen que deberían atender al dictamen de la Comisión Europea que señala que se incumplen «los preceptos europeos que piden la anulación de las empresas mixtas».
SALUDOS Y PACIENCIA, HAY GENTE MUY "ESPESITA".................GIL
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