
Editorial
La Generalitat y los ayuntamientos deben poner orden de manera urgente en la actividad de las canteras. El trabajo de estas empresas genera, de una manera u otra, molestias a los vecinos que viven en los alrededores o, incluso, puede perjudicar el medio ambiente. Bugarra, Chiva, Vilamarxant o Riba-roja, son algunos ejemplos. Levante-EMV relataba el pasado jueves que en esta última población han llegado a caer sobre varios chalés piedras de hasta un kilo de peso, procedentes de las voladuras de una de las canteras, con el consiguiente riesgo para la integridad física de sus habitantes. Por otra parte, las quejas por los temblores que producen las explosiones son numerosas y llegan a provocar, incluso, grietas en las viviendas. Pero también el trasiego de los camiones que van por las angostas carreteras que conducen a las explotaciones producen polvo, ruido y hasta un peligro físico, porque los vecinos denuncian que muchos de estos vehículos circulan a una velocidad inapropiada para las características de la vía. No se trata, pues, de penalizar el trabajo de estas empresas, lícito por otra parte en la mayoría de los casos, sino de conjugarlo con el derecho de los vecinos a no vivir con el corazón en un puño. Y en el caso concreto de Riba-roja el consistorio debe tomar cartas en el asunto. No se va por el buen camino si el 9 de marzo clausura una pedrera tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que así lo exigía y un mes más tarde, el mismo ayuntamien

AIXÒ PASSA PER UN MAL ENTÉS DE FER LES COSES PER COLLONS.
SALUDOS............................GIL (Les fotos, no son del Levante-emv.)
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